Opinión
Centros Especiales de Empleo: cuestión de justicia social
Por Emilio Olabarria, diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV
13/03/2012
El empleo protegido existe desde la aprobación de la LISMI en 1982 y los Centros Especiales de Empleo, como específica manifestación del empleo protegido y vinculados a la promoción o integración al mercado de trabajo de personas con discapacidad psíquica, con enfermedad mental o TEA (Trastornos del Espectro Autista) con un espectro superior al 33%, y personas con discapacidad física y sensoriales con una discapacidad superior al 65%, fueron ya previstos en la LIONDAU y en la Ley del 2009 sobre la no discriminación en materia de empleabilidad.
Desde el año 2009, en un mercado de trabajo cada vez más constreñido y con unas perspectivas inciertas -por no utilizar la expresión más certera de dramáticas-, los CEE de interés social se han erigido en la única vía que ha posibilitado el acceso al empleo de las personas con discapacidad citadas anteriormente, mediante mecanismos de promoción institucional consistentes en subvenciones equivalentes originalmente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional y posteriormente al 75% del mismo.
Con estas fórmulas de promoción pública de esta modalidad de empleo protegido se ha conseguido consolidar el empleo de más de 56.000 personas con discapacidad, además de cumplir los requerimientos del artículo 49 de la Constitución española, y particularmente de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la que se enfatiza el empleo como fórmula particularmente relevante para posibilitar su integración social. Estamos abordando, por tanto, la problemática de 56.000 personas, el drama de 56.000 familias, y sin olvidar que desafortunadamente no todas las personas con discapacidad que hemos citado pueden ingresar en los CEE. Es más, cada vez pueden ingresar menos personas dadas las dificultades que afectan a la competitividad y penetración en los mercados de los productos elaborados o de los servicios prestados por estos centros ante la contracción general de la demanda provocada por la crisis económica que padecemos.
Para colmo de males, en el año 2011 desparecieron las ayudas institucionales a los Centros Especiales de Empleo de protección social, provocando un futuro particularmente incierto para la continuidad de los mismos y para el empleo generado, que en el ámbito de la discapacidad se aproxima al 75% del total del colectivo. Lamentablemente, lo anterior es así a pesar de haber acreditado los CEE una gran capacidad de resistencia a los envites de la crisis económica como se indica en el informe Olivenza en donde se manifiesta “que los CEE han demostrado una versatilidad superior a las empresas ordinarias para el mantenimiento del empleo, para la diversificación de sus actividades, para la incorporación de nuevas tecnologías y para la adecuación de sus estructuras mediante la complementación de las actividades de unos con los otros”.
El Grupo Vasco EAJ-PNV presentó una interpelación al Gobierno hace dos semanas de la que dimanó una moción que afortunadamente fue aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado martes 6 de marzo de 2012. Ella permite atisbar esperanzas a efectos de la recuperación de la subvención del 75% del SMI (congelado, por cierto), y el mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo de interés social y en todos los demás.
Nuestro partido y grupo parlamentario ha intentado cumplir no sólo con los pronunciamientos normativos ya enunciados, sino también con los requerimientos más elementales de la justicia social en relación a las personas con discapacidad, mantener sus posibilidades de integrarse en el mercado de trabajo, aún en una situación de profunda crisis económica y de dramática constricción de oferta de empleo de la que hubieran resultado paganos fundamentalmente los colectivos más vulnerables y en su seno las personas con discapacidad.
